Alberto Rueda siempre soñó con tener casa propia, pero como más de dos millones de colombianos, no contaba con los recursos para la cuota inicial, requisito indispensable para financiarla.
Un día su amigo, Pedro Rodríguez, constructor desde hace más de 28 años, le contó que en un sector de Piedecuesta se podían adquirir lotes a muy bajos precios.
Los predios de los que hablaba Rodríguez están ubicados en el sector conocido como La Vega, en la vereda Guatiguará. Se trata de un lote de 340 hectáreas.
Aconsejado por su amigo y motivado por el sueño de tener casa propia, Alberto Rueda entregó $300 mil por un lote de 60 metros, y prometió entregar la otra mitad en el transcurso de un año.
El lote lo adquirió a una persona que aseguraba ser el propietario del terreno. Rueda, auténtico en la Notaría de Piedecuesta una ‘Carta Venta’, que hasta la fecha es la única garantía para demostrar que el predio donde vive con su esposa y tres hijos es suyo.
En la actualidad Rueda y otras miles de familias del sector podrían ser desalojados. Según las autoridades, estos predios son privados y están ubicados en zona de alto riesgo.
Alberto es consciente que vive en un predio privado, pero aclara que cuando construyó: “no lo sabía”. Ahora pide a la Administración Municipal que legalice su barrio.
Caso similar viven otro grupo personas que decidieron apostarle a una inversión económica, pero poco confiable, al sur del municipio.
“Me inscribí en una cooperativa que me permitía abonar desde $50 mil a la cuota inicial y me garantizaban que en un año podía pasarme a mi apartamento, pero dos años después no me han entregado nada”, denunció Rosaura Pinto, habitante de Piedecuesta.
Ahora a Rosalba solo le queda esperar que las autoridades esclarezcan el caso y pueda recuperar su inversión.
Primeras medidas
Hace un año se crearon dos curadurías y una Inspección de Policía en Piedecuesta. Se buscaba asesorar, vigilar y controlar los problemas urbanísticos del municipio. Este nuevo escenario permitió que en un año se diligenciaran 200 procesos sancionatorios, incluso, algunos ubicados por fuera del perímetro urbano de Piedecuesta, donde no se tienen servicios de acueducto y alcantarillado.
Nathalia Rojas, inspectora número tres de Piedecuesta, comentó que muchos constructores venden la esperanza de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, que permitiría cambiar varias áreas suburbanas a expansión urbana. Sin embargo, este trámite es complejo.
Otro de los problemas detectado por Rojas es el exceso de buena fe, pues “sin escritura, nadie es propietario”
La funcionaria agregó que gracias al trabajo hecho con la Policía “30 procesos ya se encuentran en manos de la Fiscalía y el CTI por serios indicios de urbanización ilegal en Piedecuesta”.
¿Legalizar?
Freddy Almeida Sierra, secretario del Interior de Piedecuesta, indicó que se evalúa la posibilidad de respetar la inversión hecha en algunos casos, especialmente en sectores donde no se causan daños ambientales y no se pone en riesgo la integridad de las personas.
Lo que sí dejó muy claro el funcionario es que existen zonas donde es imposible legalizar estos predios, pues se encuentran sobre rondas hídricas, parques metropolitanos o las tierras pertenecen a particulares, es decir, cerca de 13 barrios subnormales, que reúnen a unas cinco mil familias.
Muchos de estos sectores incluso cuentan con todos los servicios públicos. Además persisten denuncias en la actualidad de venta ilegal de predios.
“El negocio es muy fácil, los presidentes de algunas JAC comercializan los predios de acuerdo a su ubicación, los más baratos están cerca al río y los costosos en las llanuras”, denunció un veedor, que se abstuvo a dar su nombre.Atendiendo esta denuncia, Raúl García, presidente de la JAC de Nueva Colombia, desmintió al veedor afirmando que antes de conformarse las Juntas Comunales ya se estaban comercializando terrenos en el sector.
Luis Carlos
Carabalí, habitante de Nueva Colombia:
“Que ya es hora que nos legalicen el barrio. Es difícil vivir dignamente sin buenas vías, acueducto y alcantarillado”.
Yolanda Rueda, secretaría de la JAC de Nueva Colombia:
“Cada cuatro años nos prometen la legalización, para poder invertir en el barrio y hasta hoy no han cumplido”.
Predios ilegales: un mal negocio
Sergio Luna, gerente de Camacol Santander, indicó que es típico que en este tipo de compras las personas no reciban escrituras y los vendedores los hacen dueños de porcentajes más altos de tierra con cómodas cuotas de pago. Sin embargo, se hacen acreedores de predios con serios índices de insatisfacción.
El directivo explicó que las condiciones de habitabilidad son críticas, pues cuentan con “deficientes servicios públicos y están en zonas de alto riesgo. Un estudio de la Cdmb determinó que una de cada cuatro familias vive en un asentamiento humano con serios indicios de precariedad”.
A la hora de proponer soluciones, Luna precisa que es necesario mejorar la cobertura de los programas de vivienda de interés social, dándole prioridad aquellas familias que adquirieron predios en áreas subnormales, desestimando la opción de legalizar este tipo de espacios.
Sergio Luna, gerente de Camacol Santander, indicó que es típico que en este tipo de compras las personas no reciban escrituras y los vendedores los hacen dueños de porcentajes más altos de tierra con cómodas cuotas de pago. Sin embargo, se hacen acreedores de predios con serios índices de insatisfacción.
El directivo explicó que las condiciones de habitabilidad son críticas, pues cuentan con “deficientes servicios públicos y están en zonas de alto riesgo. Un estudio de la Cdmb determinó que una de cada cuatro familias vive en un asentamiento humano con serios indicios de precariedad”.
A la hora de proponer soluciones, Luna precisa que es necesario mejorar la cobertura de los programas de vivienda de interés social, dándole prioridad aquellas familias que adquirieron predios en áreas subnormales, desestimando la opción de legalizar este tipo de espacios.
fuente/vanguardialiberal.com
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